La inversión en la ampliación en Toromocho es el Nuevo Reto de la Mineria Peruana

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La ampliación de la inversión en Toromocho es el reto más reciente de un sector continuamente amenazado.

La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación del proyecto minero Toromocho de la empresa Chinalco. La buena noticia nació, sin embargo, ya empañada por la amenaza de un paro contra el proyecto programado para esta semana. Aunque este fue finalmente suspendido tras un acuerdo entre las partes, queda el sinsabor de una historia ya conocida: son muchos los proyectos mineros claves para el desarrollo del país que se han visto paralizados por protestas.

La ampliación de Toromocho –uno de los principales proyectos de cobre del país, cuya inversión inicial en el 2013 fue de US$3.500 millones– significaría una inversión adicional de US$1.355 millones, lo que se traducirá en 9.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos y en un incremento de su producción de cobre de 117.000 a 170.000 toneladas métricas diarias. Este efecto positivo para el país explica lo que estaba en riesgo cuando el 21 de mayo, alrededor de 250 habitantes de Morococha –donde se encuentra el proyecto minero en cuestión– marcharon hasta el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Lima para protestar contra la reubicación pendiente de alrededor de 60 familias que todavía viven en el área de operación del proyecto, y anunciaron un paro para el 7 de junio.

Afortunadamente, este fue suspendido luego de una gestión del Minem, a través de su Dirección de Gestión Social, y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, que lograron que la empresa y los habitantes de la zona acordaran la reanudación de las sesiones de la mesa de diálogo para el reasentamiento del distrito. Se estableció además que el Fondo Social Toromocho, de Chinalco, permita la adquisición de un terreno de máximo 34 hectáreas para el desarrollo de proyectos productivos, y que Chinalco seguirá comprando los predios de las familias que aún no abandonan el área del proyecto.

Fuente El Comercio